El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado ilegal (
PDF) la
Directiva sobre conservación de datos de 2006 porque "constituye una
injerencia de gran magnitud y especial gravedaden los derechos fundamentales al
respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal".
La sentencia recuerda que el objetivo de esta directiva es armonizar las disposiciones de los Estados miembros sobre la conservación de determinados datos generados o tratados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas y con ella se pretende "garantizar la disponibilidad de esos datos con fines de prevención, investigación, detención y enjuiciamiento de delitos graves, como la delincuencia organizada y el terrorismo".
Para ello, la Directiva contempla que los proveedores de dichos servicios deberán conservar los datos de tráfico y localización, así como todos los que sirvan para identificar al usuario, si bien no autoriza a conservar el contenido de las comunicaciones ni la información consultada.
Después de que el Tribunal de Justicia de Irlanda y el Tribunal Constitucional de Austria presentaran ante la Justicia europea sus dudas sobre la legalidad de esta norma, la Corte de Luxemburgo falla ahora que la directiva "se inmiscuye de manera especialmente grave en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal".
Su interpretación es que los datos que estos proveedores de servicios están autorizados a conservar pueden proporcionar indicaciones muy precisas sobre la vida privada de las personas, como los hábitos de vida cotidiana, los lugares de residencia permanentes o temporales y los medios sociales frecuentados.
Además, concede una especial gravedad al hecho de que la conservación y utilización posterior de estos datos se produzca sin que el abonado o el usuario sean informados de ello. Esto, dice el TJUE, "puede generar en las personas afectadas el sentimiento de que su vida privada es objeto de una vigilancia constante".
El caso responde a dos procedimientos prejudiciales planteados desde la High Court of Ireland (Irlanda) y el Verfassunsgerichtshof (Tribunal Constitucional) de Austria.
Injerencia no justificada
La Corte admite en su sentencia que la Directiva no permite conocer el contenido de las comunicaciones electrónicas y establece el respeto de determinados principios de protección y seguridad de datos. También concede que el objetivo de esta norma europea es de interés général, al tratarse de la lucha contra la delincuencia grave y, en definitiva, la seguridad pública.
Sin embargo, estima que el legislador de la UE "sobrepasó los límites que exige el respeto del principio de proporcionalidad". Porque, aunque la conservación de datos que establece la directiva puede considerarse adecuada para lograr la finalidad que persigue, "la injerencia amplia y especialmente grave de la Directiva en los derechos fundamentales de que se trata no está suficientemente regulada para garantizar que dicha injerencia se límite efectivamente a lo estrictamente necesario".
En primer lugar, argumenta que la norma abarca de manera generalizada a todas las personas, medios de comunicación electrónica y no establece por tanto ninguna limitación. En segundo lugar, no fija ningún criterio objetivo que permita garantizar que las autoridades nacionales competentes únicamente tendrán acceso a los datos y podrán utilizarlos para prevenir, detectar o reprimir penalmente delitos que puedan considerarse suficientemente graves para justificar tal injerencia.
Por otro lado, en lo que atañe al período de conservación de los datos, la Directiva prescribe un período mínimo de seis meses y un máximo de dos años sin establecer ninguna distinción entre las categorías de datos en función de las personas afectadas o de la posible utilidad de los datos con respecto al objetivo perseguido.
El Tribunal de Justicia considera asimismo que la Directiva no contiene garantías suficientes que permitan asegurar una protección eficaz de los datos contra los riesgos de abuso y contra cualquier acceso y utilización ilícitos de los datos. Asimismo censura que la norma no obliga a que los datos se conserven en el territorio de la Unión y, por lo tanto, no garantiza plenamente el control del cumplimiento de los requisitos de protección y de seguridad por una autoridad independiente.
Opinión del Abogado General de la UE
Sin embargo, en sus conclusiones el abogado proponía "suspender los efectos de la declaración de invalidez de la Directiva (si ésta se daba) hasta que el legislador de la Unión pueda adoptar las medidas necesarias para subsanar la invalidez declarada, medidas que deberán adoptarse en un plazo razonable".
La Directiva en cuestión, que obliga a
guardar durante un máximo de dos años determinados datos telefónicos y de comunicaciones electrónicas de los ciudadanos, se aprobó en 2006 como respuesta a los atentados terroristas del 11-M en Madrid en 2004 y del 7-J en Londres en 2005.
Noticia publicada: Jose Vasquez
