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martes, 18 de marzo de 2014
SUBIR EL IMPUESTO PARA QUITAR EL DE MATRICULACIÓN
Lagares propone un 'impuestazo' para la circulación tan caro como en San Sebastián
El informe de los expertos liderados por Manuel Lagares no sólo se ocupa de los grandes tributos, sino que propone verdaderas revoluciones en los más pequeños. Es el caso del impuesto de circulación, el 'numerito' del coche, donde cada uno de los ayuntamientos tiene su propia tarifa (la más cara es la de San Sebastián). Aquí, la propuesta es una unificación del tipo para toda España y una subida generalizada para compensar la recaudación del impuesto de matriculación, cuya desaparición solicita.
Si hay un impuesto donde es evidente el "carajal" en que se ha convertido la fiscalidad en España, como ayer denunciaba S. McCoy, ese es el de circulación, llamado realmente impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. En realidad, hay 8.000 impuestos de circulación diferentes, puesto que se trata de un tributo local y cada ayuntamiento fija los tipos que quiere. Esto ha provocado que mucha gente tenga el coche domiciliado en el pueblo donde tiene su segunda residencia, ya que paga mucho menos que en una gran ciudad; un fenómeno parecido al de pasar la ITV en una comunidad limítrofedonde el coste es hasta un 50% inferior. Incluso hay pueblos que hacen dumping fiscal con este impuesto (es el caso de Alcobendas, en Madrid).
Ante esta situación, la comisión de expertos pide unificar el tipo del impuesto en toda España: "La regulación del nuevo impuesto correspondería al Estado y sería igual para todos los Municipios y Comunidades Autónomas, dada su finalidad de preservación del medio ambiente", expone en su propuesta número 92. Esta coletilla medioambiental es el fundamento de la reforma de este gravamen, ya que propone que el tipo del impuesto se fije en función de las emisiones contaminantes en vez del sistema actual, que grava en función de la potencia (caballos fiscales) de coches y motos, o de la capacidad de autobuses y camiones.
Pero no se trata sólo de igualar el desmadre de tipos del impuesto ni de convertirlo en un tributo medioambiental. Además, hay que subirlo, a juicio de los 'sabios'. Se trata de compensar la pérdida de recaudación que supondría la supresión del impuesto de matriculación (que se llama realmente "impuesto especial sobre determinados medios de transporte"), que también solicitan; una pérdida cifrada en 555,45 millones en 2011. Esto supondría que laigualación de tipos debería hacerse necesariamente por arriba, en los niveles de las poblaciones más caras: San Sebastián se lleva la palma con 81,56 euros por vehículo de media ese año, seguida por Castellón, Huesca y Palma de Mallorca.
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lunes, 17 de marzo de 2014
SOCIEDAD
Prisiones 'pierde' a la mitad de los asesinos de género de esta década
La mitad de los asesinos de género de la última década no aparece en ninguna estadística oficial. De los 539 hombres que entre 2003 y 2012 mataron a su pareja o ex pareja y fueron encarcelados, Instituciones Penitenciarias sólo tiene contabilizados a 275. El resto, 264, o no está en los registros de población reclusa o se encuentra en distintos grados de libertad.
Instituciones Penitenciarias (IIPP) achaca esta desaparición a un"error estadístico" cometido al contabilizar los presos preventivos con causas por delitos de violencia de género en 2011 y en 2012. Y asegura que en el futuro ese fallo se subsanará.
Si la explicación del Ministerio del Interior es la cierta, el número fantasma se reduciría en 113 casos (los asesinatos que se produjeron en 2011 y 2012), pero todavía seguiría quedando sin explicar la realidad penitenciaria, o extrapenitenciaria, de 151 autores de crímenes de género, o sea, de un 30% de los casos.
La Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016, elaborada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, incluye una tabla -facilitada por IIPP- de internos que cumplen condena en centros penitenciarios con delitos de violencia de género a fecha 31 de diciembre de 2012: 5.547 en total. De ellos, 2.283 tienen la violencia de género como única causa. Y 275, el homicidio o asesinato como delito principal.
En España, la pena mínima por asesinato u homicidio es de 10 años, aunque la media de condena en violencia machista suele sobrepasar los 15, según los expertos. La Estrategia señala que en los 10 años que van de 2003 a 2012 se produjeron 658 asesinatos de género. Ya que ni el Gobierno actual ni el anterior consideran violencia machista a un crimen cometido sobre una mujer que no sea o haya sido pareja del agresor y que en ninguno de los 658 casos el hombre mató a más de una víctima, la cifra de muertes coincide con la cifra de asesinos u homicidas.
Según la Estrategia, de esos 658 autores, se suicidaron 119. Por tanto, y dada la condena por asesinato u homicidio, desde 2003 hasta finales de 2012 debería haber en prisión 539 hombres. Pero la información que Interior envió a Igualdad y que este Ministerio incorporó a la Estrategia habla sólo de 275. Faltan 264.
El asunto ha sido planteado con insistencia durante el último año y medio en el Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, un organismo formado por los ministerios de Sanidad e Igualdad, Interior, Justicia, Educación y Empleo; la Fiscalía de Sala de Violencia contra la Mujer; el Consejo General del Poder Judicial; los sindicatos; la patronal; Cruz Roja y otras organizaciones de voluntariado; el Cermi, cinco colectivos de mujeres y 17 comunidades autónomas.
Varios miembros del Observatorio, entre ellos la Fiscalía de Sala y las organizaciones feministas, advirtieron a Instituciones Penitenciarias sobre ese «agujero». Sin embargo, no obtuvieron nunca respuesta, ni siquiera que parte de la explicación responda a un error estadístico, según algunos de los habituales en el Observatorio.
Hace varios días, un portavoz del Ministerio del Interior dijo a EL MUNDO que algunos presos «podrían» estar incluidos en el número de internos «con violencia de género como única causa» e incluso otros haber muerto durante su condena. Interior no ofreció una información concreta, ni habló de error estadístico alguno, y remitió a este periódico a contactar con Igualdad, que es quien elaboró la Estrategia donde aparecen los datos.
Ahora, fuentes del Ministerio de Ana Mato afirman que en la reunión celebrada en diciembre de 2013, el Pleno del Observatorio «detectó la existencia de un posible error». La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género preguntó a Instituciones Penitenciarias, que finalmente adujo «un fallo en los filtros utilizados para la extracción de los datos de los presos preventivos de 2011 y 2012».
El Ministerio del Interior asegura que la equivocación sólo afecta a esos dos años y que los datos de 2010 son correctos.
Sin embargo, este periódico ha calculado la secuencia hasta ese año y tampoco es exacta.
Desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2010, el número de asesinos de género debería haber sido de 441 (545 menos los 104 que se suicidaron). Pero IIPP contabilizó 201. Faltaban 240. O sea, más de la mitad. Casi como ahora.
Y si en 2010 tampoco se hubieran contado los preventivos de dos años anteriores (132 entre 2008 y 2009), el número fantasma se hubiera reducido en 132 casos, pero habría seguido sin explicarse la situación de 108 criminales de género, o sea, un 25% de los casos. Casi como ahora.
«Las cifras chirrían. En nuestra práctica profesional vemos muchos casos en los que los propios presos saben que van a salir pronto, por edad, por cumplimiento de parte de la condena, por tercer grado... Pero en un periodo mínimo de 10 años esto es muy raro», dice la abogada Ángela Alemany, ex presidenta de Mujeres Juristas Themis, una de los miembros del Observatorio.
Otras fuentes cercanas a ese organismo inciden en el tratamiento real que reciben los condenados por violencia de género. «Creemos que hay muchos casos de tercer grado y semilibertad, cumplimientos de parte de la condena o lo que algunos consideran baja peligrosidad social, una falsedad en este tipo de agresores, que van a reproducir la violencia con su siguiente pareja. Quizá en las otras circunstancias es legal que vayan saliendo, pero entonces el Gobierno debería contarlo y no negarse permanentemente a dar una explicación».
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