JUSTICIA La inmensa mayoría de las concesiones, a acusados de narcotráfico reinsertados

Gallardón se compromete a no indultar a condenados por corrupción mientras sea ministro

• El Gobierno es el que menos indultos ha concedido 'en la historia de la democracia'

• Por el contrario, asegura, es el que más solicitudes ha recibido

• El Consejo de Ministros debe decidir sobre Julián Muñoz, Jaume Matas o Del Nido

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este miércoles en una conferencia que no va a conceder nunca un indulto a un condenado por delitos de corrupción mientras él esté en este cargo.

"Este Gobierno no ha concedido ni un solo indulto por asuntos de corrupción", ha resaltado el ministro a preguntas de los asistentes a una conferencia ofrecida en Barcelona sobre la ejecución de sentencias, donde ha añadido que él no dará ninguno a condenados por corrupción.

El ministro ha insistido en que el Gobierno que preside Mariano Rajoyes el que menos indultos ha concedido "en la historia de la democracia española" y también el que más solicitudes ha recibido, informa Efe.

Ha destacado que la inmensa mayoría de los indultos que ha concedido han sido por condenas de narcotráfico que se han dictado cuando los condenados ya estaban reinsertados en la sociedad.

En la actualidad, el Consejo de Ministros ha recibido las peticiones de indulto de, entre otros, José María del Nido, Jaume Matas y Julián Muñoz, todos ellos condenados en su día por diversos delitos de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Durante su intervención, Gallardón ha explicado su intención dereforzar la Audiencia Nacional "con una nueva sala de lo civil" y ha afirmado que "no se cerrará un juzgado en España" con la reforma orgánica del poder judicial cuyo anteproyecto aprobará el Consejo de Ministros "en breve".

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OPERACIÓN Cinco detenidos en la Comunidad valenciana

La Policía aborta el primer intento de compraventa de órganos en España

• Una responsable de una ONG que atiende a inmigrantes fue quien denunció el caso

• Un rico ciudadano libanés viajó a España para intentar, sin éxito, ser trasplantado

EFEMadrid

Actualizado: 12/03/2014 08:24 horas

La Policía Nacional ha impedido el primer intento de compraventa de órganos en España, en una operación en la que han sido detenidas cinco personas que llegaban a ofrecer hasta 40.000 euros a inmigrantes sin recursos para someterse a trasplantes ilegales de hígado.

Según informa la Dirección General de la Policía, un ciudadano libanés con alto poder adquisitivo necesitado de un nuevo hígado viajó recientemente a España para intentar, sin éxito, ser trasplantado gracias a un donante supuestamente voluntario.

El trasplante ilícito, sin embargo, no se llegó a realizar gracias a los controles del sistema español de trasplantes, que impiden la compraventa de órganos.

Una responsable de una ONG que atiende a inmigrantes fue quien denunció el caso, según han dicho fuentes de la investigación, que han señalado que los detenidos, arrestados en la Comunidad Valenciana, son el libanés y otras cuatro personas que le ayudaron a buscar candidatos para el trasplante.

El libanés costeó las pruebas médicas y análisis efectuados a los candidatos para comprobar la compatibilidad del órgano.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, acompañado por el director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz, y el jefe superior de la Policía en la Comunidad Valenciana, José Manuel Salgado, tienen previsto ofrecer este miércoles una rueda de prensa para explicar los detalles de la operación en el complejo policial de Canillas.

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TRIBUNALES El 3 de julio los médicos firmaron su baja

La interrupción involuntaria de empleo de Sonia

• La Justicia condena a Castilla-La Mancha por despedir a una embarazada

• La acción se produjo cuando se encontraba de de baja por enfermedad

• A Sonia la despidieron entre los vómitos del embarazo y la retaguardia de una baja por enfermedad. Allí, medio derrotada en casa por una tripa de cuatro meses de ilusión y de mareos, la dirección de un instituto perteneciente a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha la llamó una mañana a capítulo y se deshizo de ella con un párrafo de despido.

  Ahora, siete meses después, la Justicia repone aquella náusea ejecutiva y obliga al Gobierno manchego a readmitir a esta madre nueva y pagarle todos los sueldos que nunca pudieron ser. "Ojalá mi caso sirva para que no vuelva a pasar y para que la Junta y las empresas recapaciten antes de hacer algo así".

  Sonia puede hablar porque acaba de acostar al crío, que anda con los cólicos de las personas de tres meses, los esdrújulos lactantes. "El pobrecito no tolera nada, cada hora y media tiene hambre y vuelve a dolerle. Mi marido y yo no dormimos. Pero se pasará". El niño reciente ha dejado la casa en silencio un rato, el tiempo justo para que su madre cuente a EL MUNDO una desventura ilegal pero cierta, aquel despido en plena barriga.

  La sentencia ganada hace poco menos de un mes sostiene que el Instituto de Educación Secundaria Gregorio Prieto, el más grande de Castilla-La Mancha, contrató a Sonia el 20 de noviembre de 2012 como "personal de limpieza y servicios domésticos". Con un sueldo diario de 45,81 euros, la modalidad del contrato establecida fue de "interinidad por vacante", es decir, una incorporación a ese puesto de trabajo por un tiempo indeterminado hasta que esa ausencia se cubriera o ese empleo se amortizara. "Cuando me despidieron, ni el puesto se había amortizado, ni la vacante se había cubierto".

  'Yo no quería dejar de trabajar'

  Sonia empezó a trabajar en el centro sin problemas. Ni las aulas, ni los despachos, ni el gimnasio, ni los 70 kilómetros desde su casa a Valdepeñas y los 70 de vuelta la cansaban demasiado. Pero en abril, cuando llevaba un mes embarazada, aparecieron las náuseas y las vomitonas. Y ella empezó a aguantar. "La cosa iba a más. Tenía mareos, se me iba la cabeza, me sentía mal. Pero seguí, porque yo no quería dejar de trabajar, lo necesitaba y hacía falta personal".

  El malestar era tan constante que el 29 de abril, fue derivada a Urgencias, donde finalmente "se descartó un embarazo ectópico", o sea, fuera del útero. El desorden físico fue creciendo, la cabeza era un balanceo de barco, los vómitos una angustia que se llevaba la vida por la boca y el viaje en coche el trayecto del mal. "Ya no conducía yo, sino alguno de mis compañeros, porque me era imposible. Insistía en ir y la gente me decía que me cogiera la baja. Pero a mí me daba miedo por si perdía el trabajo. Todo me costaba, pero cuando tocaba limpieza general, que era subir escaleras y limpiar persianas y zonas altas, ya era peligroso. Llegó un momento en que me era imposible".

  'Motivos de trabajo'

  El 3 de julio, los médicos firmaron la baja de Sonia «por la contingencia de enfermedad común». Pero 16 días después, mientras intentaba calmar ese vaivén interno de olas en plena Castilla, el instituto firmó su despido. Los responsables del centro le dijeron que era por "motivos de trabajo", porque ya había personal haciendo su labor. La mujer consultó el caso porque le sonaba mal. Algo había oído de que en España no se puede despedir a una embarazada sin causa justificada. Ni a alguien de baja.

  Sonia habló con el CSI-F. La central sindical, la de mayor implantación en la Administración pública, estudió el asunto y lo colocó en los tribunales. Tras denunciar, el 10 de febrero de este año, la magistrada del Juzgado Número 3 de Ciudad Real destapó la falsedad del argumento del instituto, declarando nulo el despido y obligando a su readmisión.

  Sonia sigue en casa, olvidadas las náuseas y presentes los cólicos y los mimos. Lleva tres meses de madre y uno de victoria, que viene a ser lo mismo.
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