Un grupo de mujeres cuenta billetes en máquinas y los apila. Visten un mono rojo sin bolsillos en una cámara acorazada protegida con barrotes. En el centro, una mesa grande acumula fajos de dinero. Más del que una persona corriente verá junto en su vida. Están preparando los envíos entre sucursales de bancos. “Yo no soy un charlatán. Esto va en serio”. Miguel Ángel Ramírez, un tipo directo, con cierto aspecto de boxeador crepuscular, no duda en enseñar las tripas de su compañía de seguridad para demostrar que no va de farol.
Aunque no hace falta. Su historial habla por él. Porque Ramírez, presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas desde 2005, ha pasado en poco más de 25 años de secar el parqué del sudor de los jugadores de baloncesto del Gran Canaria a ganar millones en concursos públicos —primero de seguridad, luego en guarderías, limpieza, hospitales...— en las islas y cada vez más en la Península.
El ministro popular José Manuel Soria, que viajó en noviembre a Canarias a inaugurar su último proyecto, un concesionario de BMW, dijo en el acto: “Es el concepto más puro de emprendedor que yo conozco”. Fue 10 días después de haber sido indultado parcialmente por el Gobierno del PP por un delito urbanístico que le debería haber llevado a prisión. Ahora la Fiscalía se ha querellado contra él por delito fiscal, pero el augura que, como muchas causas anteriores, quedará en nada.
“Cuanto más se acerca uno a una estatua, más pequeña parece. Conmigo pasa igual, soy un tipo normal a pesar de lo que oiga”, avisa Ramírez. Tiene ojos pequeños, cejas oblicuas, un cuerpo contundente y manos que un enemigo no querría ver demasiado de cerca. En su edificio, en un polígono industrial en Las Palmas, recibe en un gran despacho adornado con todo tipo de condecoraciones militares y policiales. “Soy legionario de honor”, avisa. En una esquina hay una colección de 20 relojes tras una vitrina. Al otro lado de la ventana, Ramírez construye un nuevo edificio porque este se ha quedado pequeño.
De joven cuidaba los coches de los jugadores de baloncesto y vendía fruta. Ascendió desde la nada
Nacido hace 45 años, Ramírez se crió en el barrio de Tamaraceite, a las afueras de Las Palmas. Hijo de una familia humilde, creció en las casas baratas del patronato Francisco Franco. Hoy aparecen con desconchones, pero rodeadas de edificios modernos. “Entonces no existían, esto era un descampado. Era un barrio duro”. No oculta su origen. A pocos metros está el viejo pabellón en el que jugaba el equipo local de baloncesto antes incluso de subir a la ACB. Ramírez cobraba 10.000 pesetas al mes por cuidar y lavar los coches de los jugadores. “Secaba el parqué de la pista cuando uno se caía. Llevaba un chándal de la cooperativa de mi padre y por la publicidad me pagaban 500 pesetas. Comerciaba con todo”.
Sin acabar el instituto, Ramírez se emplea en lo que puede. Vende fruta, como hacía su abuelo, y tiene algún trabajo de ayudante de detective. Su padre, que trabajaba en una cooperativa de seguridad, le niega trabajo como vigilante. En 1991, con 22 años, monta con dinero de un socio una empresa de transporte de mercancías. Se llama Canarimundi y se compromete a repartir en las islas en siete días la mercancía embarcada en Barcelona, cuando las empresas del sector tardaban entre 10 y 12. “Cabreábamos a todo el mundo”, rememora. ¿Su secreto? Ramírez conseguía que sus contenedores pasaran los controles del puerto antes que los de sus rivales, según una persona que le trató entonces. En esos años, y siendo aún nadie, auguraba que algún día se sentaría en el palco del Bernabéu como presidente de la Unión Deportiva. Aún no lo ha conseguido. Su club sigue en Segunda.
En 1994 funda junto a un socio Charcuterías La Ideal y una tienda de mascotas. Un año después, montan Seguridad Integral Canaria (SIC), que compra la empresa en la que trabajaba su padre, la misma en la que no había conseguido trabajo años antes. Ese es el germen del imperio de Ramírez. Dos años después conoce a Ángel Luis Tadeo, entonces el empresario de moda en las islas, dueño del grupo hotelero Dunas y que poco después fue nombrado presidente de la Unión Deportiva.
Ramírez empieza a trabajar para él como chófer y guardaespaldas. Pero pronto se convierte en amigo y confidente. Ramírez aprende rápido. Tadeo, 20 años mayor y de origen humilde, tiene sus hijos estudiando fuera de España y de alguna forma Ramírez se convierte en su ojito derecho. Le da los contactos, le presenta a empresarios y políticos. “Gracias a él, empecé a hablar directamente con los dueños de los negocios”, reconoce Ramírez. Si quería la seguridad de un hotel, Tadeo sentaba al dueño con Miguel Ángel y mediaba. Comienza a reclutar guardas de seguridad y tira los precios.
“En Canarias si quieres introducir esa marca de agua lo mejor es que tengas padrinos. Y Tadeo fue el padrino de Miguel Ángel”, cuenta un empresario. Así, en 1999, ya factura mil millones de pesetas y tiene mil guardas. Tadeo organizaba cada 14 de agosto una fiesta por su aniversario de boda en Maspalomas a la que invitaba a políticos de los tres grandes partidos. Ramírez aprende a llevarse bien con todos.
Ramírez crece y crece y vuela solo. Y comienzan los escándalos. Su socio fallece y la familia le denuncia en 2002 por apropiación indebida. Pero sale indemne, como casi siempre le pasará en sus pleitos. La denuncia fue archivada. El empresario no elude ni este ni ningún tema incómodo. “Quedó perfectamente claro y no les he dejado tirados”. Tras la denuncia pactó con la viuda una compensación mensual.
En 2004 compra una casa en La Milagrosa, un valle protegido a las afueras de Las Palmas. Llama a la finca El Capricho. Son 40.000 metros en una ladera escarpada con tres casas, aguacates y bonitas vistas a un valle que los alisos dejan verde todo el año. Al poco comete uno de los pocos errores de su vida. Decide construir una pajarera —a su padre le gustan los pájaros—, una pérgola, dos aparcamientos, un camino y un estanque junto a la casa. No tiene licencia y el Seprona de la Guardia Civil precinta las obras. Pero lejos de arredrarse, y convencido de que como mucho tendría que pagar solo una multa, Ramírez sigue adelante con las obras “con total desprecio a la ordenación legal del terreno”, según la sentencia que años después le condenó a tres años de cárcel por delito urbanístico.
El ministro Soria dijo en la inauguración de su concesionario que era el “más puro emprendedor”
En esos años, los sindicatos denuncian que inspectores de Seguridad Integral Canaria recogían en los aeropuertos de Tenerife a diputados del PP, cuando estaban en la oposición, y los trasladaban en coches de la empresa hasta el Parlamento en Santa Cruz. Los que más utilizaban este servicio extraoficial eran los parlamentarios Jorge Rodríguez y Águeda Montelongo. Empleaban un Ford Fiesta y un Nissan con el logo de la compañía.
Antonio Miguel Rodríguez, exempleado de la compañía, lo recuerda así: “A Jorge Rodríguez lo recogía un inspector en Gran Canaria y lo trasladaba al aeropuerto. Volaba a Tenerife Norte y allí lo esperaba otro conductor que le llevaba hasta el Parlamento. Intentábamos no llevar coches rotulados para que no se notara demasiado. Nos decían que no nos acercáramos mucho al Parlamento. Con Águeda Montelongo era igual, de lunes a viernes casi todos los días y gratis total”.
El parlamentario del PP Jorge Rodríguez en un breve conversación telefónica responde: “Fue ocasional, no regular. Lo siento no le puedo atender”. Este diario ha intentado, sin éxito, obtener la versión de Montelongo. Ramírez lo despacha con una sonrisa: “Jorge es amigo mío de hace muchos años”. Alega que el diputado vivía cerca de donde quedaban sus empleados que iban al aeropuerto y que si les venía bien lo llevaban. Niega viajes con Montelongo.
Juan Antonio Díaz, responsable de USO en Canarias, presentó ante la Agencia Tributaria en 2004 denuncias contra Ramírez por fraude de las dietas. “Me llamó a su despacho, estuvo muy cordial. Me ofreció irme a trabajar con él triplicándome el sueldo. Es un encantador de serpientes”. La denuncia acabó con una multa de 600.000 euros.
Mientras despacha las querellas, Ramírez sigue ganando contratos. Abre oficina en Madrid y en 2003 crea el Grupo Ralons (de sus apellidos, Ramírez Alonso) para ampliarse a los servicios. Abre filiales de limpieza, residuos, residencias, guarderías, lavanderías, recintos deportivos, salud...
En 2008, el fiscal Javier Ródenas desempolva el caso de las obras en la casa y lo lleva a juicio. En mayo de 2010, Ramírez es condenado a tres años de prisión por delito urbanístico. Ni sus buenos contactos con el coronel —hoy general— de la Guardia Civil Francisco Espinosa ni sus buenas relaciones con el instituto armado, evitan la declaración clave de los agentes del Seprona en el juicio. Dos años después la Audiencia Provincial ratifica la condena y añade a la sentencia la demolición de lo ilegalmente construido.
En junio de 2011, un juez de Granadilla imputa a Ramírez por presunto delito de estafa. También imputa al jefe de seguridad de AENA en el aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur. El auto señala que este último “alteró los datos de varios documentos relativos a los servicios de seguridad con el objeto de incrementar de manera ficticia el valor de las facturas expedidas por SIC con cargo a los fondos públicos de AENA (...) Procedió a incrementar el número de vigilantes de seguridad en los diferentes turnos, confeccionado unos cuadrantes inflados, recibiendo de la empresa unas certificaciones en las que se recogía el número ficticio de horas mensuales realizadas por los vigilantes de seguridad”.
Fue condenado por un asunto aparentemente menor: unas obras en su chalé
“El móvil defraudatorio del señor Ramírez lo encontramos en el hecho de que la operación se ejecuta para tratar de obtener una serie de plusvalías que permitiesen hacer rentable los servicios prestados por su empresa en el aeropuerto”, recalca el auto de imputación. El juez destaca el incremento en el ritmo de vida del jefe de seguridad de AENA desde 2007 al comprase un Mercedes y un barco con amarre.
Han pasado tres años del auto y sigue sin juzgarse.
Ramírez responde quitándole hierro al asunto: “Soy responsable de lo que ocurre en mi empresa, pero no de todo lo que ocurre”, y añade que solo ha estado cuatro veces en ese aeropuerto: “No he sido juzgado y nunca tuve una conversación con ese hombre”. Tras sortear varias querellas en su contra, finalmente fueron las obras en el chalé las que le perdieron. Él aún no se lo cree. Abre su casa al periodista, pasea por la pajarera y la pérgola y muestra las demás casas construidas en el valle y las pistas forestales asfaltadas ilegalmente que jalonan la vista. Hay desde chamizos a auténticos chalés: “Mire todo lo que hay construido en este espacio natural, pero a mí me han metido tres años de cárcel. ¿Acaso hay alguien en la cárcel por el Algarrobico?”, pregunta.
En 2012, Ramírez pide el indulto a Justicia y evita entrar en prisión. Con el PP en el Gobierno central Ralons culmina el salto que perseguía en Madrid. Pese a su condena, logra contratos en 2013 con la Tesorería General de la Seguridad Social (2,4 millones), el Ministerio de Defensa (745.000 euros), Metro de Madrid (23,1 millones), AENA (600.000 euros, para la seguridad en Torrejón y Paracuellos) la Delegación del Gobierno en Madrid (305.000 euros)... Él defiende que no es su relación con el PP, sino 10 años de perseverancia y de presentarse a concursos hasta demostrar la solvencia necesaria. Afirma que el año pasado facturó 120 millones, de los cuales un 60% proceden del sector público. Las guarderías de Las Palmas, los juzgados que le investigan... lucen el sello del Grupo Ralons. “No es el pez grande el que se come al chico, es el rápido el que se come al grande. Si alguien ofrece tres walkies, yo cuatro, pero me llevo el contrato”.
Se compra casa en Miami, donde viaja a ver a los Heat desde el palco, y se mueve en su BMW 750 con chófer, aunque en Madrid tiene un Porsche Panamera (valorado en 150.000 euros). Emplea a 5.200 personas, 1.500 de ellas en la Península. Es tan popular que parece haber olvidado el consejo de Tadeo, su mentor: “Camina sobre el suelo y no levantes polvo”.
En 2013 da un nuevo salto y extiende sus negocios a Perú. Pero en el camino del éxito aún no se ha desvanecido la amenaza de la cárcel y las perspectivas no son halagüeñas: La juez del caso se opone a la medida gracia porque no ha demolido las obras ni ha mostrado arrepentimiento. Lo mismo hace el fiscal Ródenas, que añade que si hubiera derribado “si podría justificar una rebaja parcial de la pena”.
Sin embargo, el 31 de octubre pasado, en contra de esos dos informes, Justicia le da un indulto parcial: rebaja la pena a dos años de cárcel, que evita el ingreso en prisión, siempre y cuando derribe la pajarera, la pérgola y los caminos. Solo el 6% de los 690 indultos concedidos por el Gobierno en los dos últimos años contaban con informes contrarios de juez y fiscal, aunque fuentes del ministerio insisten en que a Ramírez no se le dio por sus contactos, sino porque quedaba obligado a demoler.
Ramírez evitó la cárcel y, de momento, también demoler lo construido. Siguió la batalla legal hasta lograr en lo contencioso una sentencia que anula la orden del Cabildo de Gran Canaria que se negaba a legalizar su obra. Con esa sentencia, Ramírez pide al Supremo una revisión de su condena penal y mientras este falla, la juez le permite aplazar el derribo.
El 30 de noviembre pasado, diez después de que el BOE publicara su indulto, Ramírez inaugura su concesionario de BMW, el único en la isla. Ante lo más ilustre de la sociedad de Las Palmas, le presenta el ministro de Industria, José Manuel Soria, exalcalde de la ciudad, que lo ensalza: “Tienes un sueño y lo conviertes en una idea y esa idea en un proyecto y ese proyecto en un hecho”.
"¿Acaso hay alguien en la cárcel por el Algarrobico?", se pregunta
Fuentes próximas a Soria niegan que tengan una relación estrecha y afirma que le conoce como a tantos empresarios. Ramírez niega que Soria mediara en su indulto y que le haya favorecido. Sostiene que tiene mejores amigos en el PSOE que en el PP: “Tengo una magnífica relación con la clase política. Colaboramos con todos los partidos. Cuando hay campañas electorales podemos cederle chóferes y conductores, y lo hacemos a todos”. En la contabilidad del PP nacional de 2011 aparece la empresa Gestiones y Asesoramientos 3000 con una donación de 50.000 euros. El año anterior había entregado otros 100.000 euros. Como apoderado figura Miguel Ángel Ramírez.
Pese al indulto, el camino judicial de Ramírez sigue empinado. La fiscal de la Audiencia Provincial de Las Palmas Evangelina Ríos se querelló contra él hace una semana por delitos contra la Hacienda Pública durante 2008 y 2009, en los que dejó de ingresar cuotas por 1,25 y 1,14 millones de IRPF de muchos de sus trabajadores al camuflar las horas extra como dietas y gastos de viaje, que, además, desgravan. La investigación se basa en las denuncias presentadas ante la Fiscalía Provincial y la Agencia Tributaria por la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FSTO-USO). La Inspección ha entrevistado a centenares de vigilantes de SIC.
La querella califica de elocuente que entre las empresas que trabajan en el sector de la seguridad las dietas declaradas supusieron en 2008 un 3,28% de los rendimientos del trabajo, mientras que en el caso de SIC superan ese año el 30%. Ramírez consigue un “ahorro considerable en costes de personal, lo que le habría proporcionado ventaja respecto a sus competidores”.
Basilio Febles, secretario de la USO en Canarias, otro de los impulsores de la denuncia destapada por la Fiscalía, lo define como un hombre “temerario y aventurero que está por encima de la ley y el orden”. Antonio Duarte, secretario general confederal de este sindicato, había denunciado a todas las autoridades de Canarias las irregularidades de Ramírez. “No nos hicieron ni caso”, se queja.
El empresario culpa de sus males a las envidias de sus competidores y a los sindicatos. “Estamos muy tranquilos. Hemos hecho las cosas correctamente aunque no es de buen trago pasar por un procedimiento cuando uno tienen un eco público”. La noticia de la querella ha sido borrada de algún medio de comunicación de Canarias, pero él rechaza las acusaciones de que controla la prensa local mediante la abundante publicidad y continuas llamadas.
Su figura ha crecido tanto que la sombra ya se proyecta sobre la ficción. En la novela Morir despacio, el escritor canario Alexis Ravelo dibuja a un empresario de seguridad de Las Palmas que de joven cuidaba coches y vendía fruta y que ha crecido a la sombra del poder, especialmente de un atildado cargo que ahora está en Madrid y que se apellida Burgos. Tras una condena por unas obras en su chalé, el empresario es indultado por el Gobierno. La novela está escrita en 2012, un año antes de que el Gobierno de Rajoy indultara a Ramírez. Es solo ficción.
Las empresas tendrán que identificarse con un código. / SANTI BURGOS
Las llamadas comerciales quedarán prohibidas entre las nueve de la noche y las nueve de la mañana los días laborables y a cualquier hora los fines de semana y festivos. Sin ninguna excepción. Es una enmienda introducida a propuesta de CiU en la reforma de la Ley de Consumo, aprobada este miércoles en el Congreso, en un nuevo intento de poner coto a la práctica desmedida del spam telefónico, que genera constantes reclamaciones pese a que ya la ley de competencia desleal establece expresamente que las empresas no podrán hacer ofertas por correo, teléfono o fax sin el consentimiento del consumidor. Según los últimos datos de la Agencia Española de Protección de Datos, entre 2010 y 2012 las denuncias o actuaciones de oficio tramitadas se dispararon un 145%, de 91 a 241.
Pero perseguirlo es complicado, porque no es fácil identificar las llamadas. Aunque la normativa prohíbe utilizar números ocultos, muchas veces usan números a los que nadie contesta o desde otros países. Y así es difícil demostrar el acoso. “La reforma intenta facilitar las reclamaciones al obligar a las compañías a identificarse antes de realizar su oferta y, si el cliente no desea recibir más llamadas, proporcionarle un código para reclamar si le vuelven a molestar”, explica la diputada Lourdes Ciuró, de CiU.
Las asociaciones de consumidores, sin embargo, no confían en la eficacia de estas medidas. “Si ahora las empresas incumplen una ley, en el futuro incumplirán dos. No es un problema de legislación, sino de que se pongan sanciones altas para que a no resulte rentable saltarse las normas”, opina Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Isabel Ávila, presidenta de Ceaccu, cree que incluso “el hecho de que se prohíba el spam durante una franja horaria puede intensificar el acoso el resto del día”.
La nueva ley, que aún debe pasar por el Senado, incluye otra enmienda que obliga a las empresas a enviar sus facturas en papel a menos que el cliente las pida solo en soporte electrónico. Así se facilitan las reclamaciones y se impide a las compañías cobrar por emitirlas en papel, una práctica cada vez más extendida.
El PSOE introdujo otra disposición que legitima a los fiscales para representar a los ciudadanos en reclamaciones colectivas por cláusulas abusivas en contratos de bancos, aerolíneas o suministros de gas, luz o teléfono, algo que ahora solo pueden hacer las asociaciones de consumidores. La socialista Pilar Grande asegura que esta medida va a facilitar las denuncias en los tribunales, aunque lamenta que se haya rechazado su propuesta inicial de crear una ley específica para agilizar este procedimiento.
